La jueza desimputa al alcalde de Mijas tras no poder constatar que el denunciante exista.
El cartero que debió entregar las notificaciones admite a la Guardia Civil que un compañero suyo y edil del PP le dio instrucciones para que se las entregara en su propio buzón.
Según la investigación, el pasado día 3 de septiembre, un jubilado de la localidad presentaba ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga un escrito para denunciar como afectado unas presuntas irregularidades en la organización de un viaje de mayores. En dicho escrito no aparece ningún DNI, tan solo una dirección a efectos de notificación. Dicha dirección no existe, tal como ha confirmado la Guardia Civil.
Tras hacerse pública la investigación que pesaba sobre Maldonado, éste presentó el pasado lunes una denuncia ante la Guardia Civil, en la que señalaba de forma literal: «Tenemos fundadas sospechas de que la identidad del supuesto denunciante (…) no existe, siendo una maniobra de carácter político para perjudicar a los ahora denunciantes en su calidad de cargos electos del Ayuntamiento de Mijas y quitar sus opciones de continuar ejerciendo su actividad política».
Ese mismo día, la Guardia Civil inició la investigación correspondiente.
De esta manera, interrogaron al cartero de la zona a la que correspondía el código postal de la dirección aportada por el denunciante.
Según el informe de la Benemérita, este funcionario no habría entregado ninguna carta en esta dirección y afirma de forma literal: «Que a principios del mes de noviembre, un compañero suyo de trabajo, llamado Juan Carlos González Márquez (actual edil del PP en Mijas) le dijo que si recibía alguna carta con el nombre (del denunciante) se la diera a él mismo». una semana después de mantener esa conversación, González Márquez le envió varios mensajes de Whatsapp para recordárselo.
González se justifica afirmando que le hizo esta petición a su compañero porque un día se le acercó un hombre y le dijo que iba a poner un buzón y que estaba esperando una carta.
Ante estas declaraciones, la Guardia Civil sostiene que hay «contradicciones» entre ambas, y que se desprende que el nombre del denunciante «podría ser ficticio».
La jueza califica esta situación como una «anómala circunstancia sobrevenida»
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